Este lunes era el último día de publicación de encuestas y de estimaciones de voto para las elecciones del próximo domingo, 28 de abril. Si bien, a día de hoy se trata de un precepto obsoleto de la Ley Orgánica de Régimen Electoral (LOREG) que prohíbe esa publicación en medios cinco días antes de los comicios (artículo 69.7).
¿PERMITIDO EL SPAM ELECTORAL?
El Parlamento español, el pasado noviembre, poco antes de disolverse, aprobó el artículo 58 bis de la LOREG con motivo de la entrada en vigor del Reglamento Europeo de Protección de Datos que legalizaba, en tanto en cuanto el Tribunal Constitucional no lo pare, el 'spam' político.
El spam político ya es un hecho, todos los partidos whassapean incluso a los menores de edad, sin su consentimiento, cuestión que podría llegar a ser un incumplimiento de la ley.
Con este cambio, se abre la puerta a que los partidos políticos puedan hacer uso masivo de datos, ya no sólo de aquello que recibimos por correo postal, sino todo lo que pueda obtenerse de nosotros en redes sociales, u otras fuentes de acceso público. Esto permite elaborar perfiles ideológicos de los votantes, facilita la averiguación de nuestros datos de contacto directo, dirigir mensajes concretos y someternos a información sesgada o bulos sobre el enemigo político.
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Con el nuevo artículo 58 bis, los partidos pueden utilizar medios tecnológicos y datos personales en las actividades electorales, es decir, permite recopilar datos sobre la intención ideológica de los ciudadanos.
Esta reforma, es muy grave porque carece de garantías suficientes, lo que ya ha hecho saltar las alarmas en Europea, quién ha decidido imponer nuevas sanciones a partidos que compren datos que han obtenido ilegalmente de terceros.
Además, en teoría podemos pedir la cancelación de nuestros datos en la Oficina del Censo Electoral de la provincia donde votamos, pero ha sido tan rápido que la gente no lo sabe.
Por otro lado, que hasta que comenzó la campaña el pasado día 12 de abril los partidos pudieron contratar publicidad en redes sociales o en medios convencionales, lo que les favoreció el perfilado de sus seguidores.
La propaganda política tiene así un estatuto único, mejor que el de la publicidad, lo que carece de algún sentido y, pone en peligro nuestros derechos personales.
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de la Redacción
Además, las entidades deberán hacer hincapié en todos los procesos legales a su alcance para poder recuperar el dinero y poder paliar las consecuencias, a través de la ejecución de garantías si las hubiera o alcanzando acuerdos con los usuarios, además de incluirlo en el fichero de morosos o de iniciar una reclamación judicial.
Las entidades financieras deberán aplicar estos umbrales y tendrán la obligación de notificar al Banco de España antes del 31 de diciembre de 2019, la fecha exacta en la que empezarán a aplicarlo.
El Presidente del Gobierno mantiene su pretensión de introducir un impuesto a la banca, si bien, lo dejará en manos de las decisiones que se tomen en el Pacto de Toledo.
Además de una imposición finalista en caso de que lo acuerde el Pacto de Toledo, el presidente explica que la financiación de las pensiones pasa también por mejorar la calidad del empleo y los sueldos de los trabajadores, y por traspasar gastos de la Seguridad Social que no le son propios a los Presupuestos del Estado.
