En 2007 se puso en marcha el programa Préstamo Renta Universidad que buscaba la inserción de los jóvenes españoles en el mercado laboral a través de una mejora de su formación. Dicho programa tuvo un gran público y, hasta su cancelación en 2012 se inscribieron más de 10.000 jóvenes.
LOS PRÉSTAMOS RENTA UNIVERSIDAD ASFIXIAN A LOS ESTUDIANTES
Han pasado 11 años desde su puesta en marcha y, en la actualidad más de la mitad de los beneficiarios del programa se encuentran endeudados y sin suficientes ingresos para poder hacer frente a las cuotas que solicitan las entidades financieras.
Se trataba de un programa público impulsado por el gobierno de José Luís Zapatero, con el fin de facilitar la financiación de un máster. Inicialmente, los beneficiarios debían devolver el dinero una vez hubieran finalizado y encontrado un trabajo con un salario superior a 22.000 euros anuales. Y si no encontraban trabajo en el plazo de 15 años, dicha deuda quedaba condonada.
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Si bien, tras la primera convocatoria las bases del programa cambiaron, pero sin prácticamente facilitar información al respecto. Mantuvieron el nombre, pero la devolución del dinero ya no estaba condicionada a que los estudiantes encontraran un trabajo y mucho menos, a que el mismo tuviera una renta mínima de 22.000 euros. Es decir, convirtieron el Préstamo Renta Universidad en un auténtico préstamo mercantil.
Cuando llegó el Partido Popular al poder lo eliminó, porque se encontró con el problema de que los estudiantes terminaban sus estudios y sin un mínimo nivel económico para hacer frente al préstamo se veían constreñidos a devolverlo, lo que suponía un sobreendeudamiento de los mismos.
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Los bancos que deberían ser meros colaboradores, ya que el dinero de los préstamos proviene de fondos públicos, están cobrando, comisiones, intereses de demora e incluso, incluyendo a los estudiantes en registros de morosos, lo que les impide poder pedir financiación para emprender un proyecto.
La banca está abusando de ellos y, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, está de brazos cruzados, sin exigir el cumplimiento de los convenios firmados en su momento.
Los afectados se encuentran asfixiados y reclaman responsabilidad al Gobierno y piden que medie entre la banca y los estudiantes, quienes no tienen capacidad para hacer frente a la deuda.
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de la Redacción

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El Juzgado de Barcelona ha dictaminado que el Banco Popular no actuó conforme a los estándares mínimos de información, diligencia y transparencia al vender un producto a particulares, sin un asesoramiento correcto, lo que provocó que los clientes optaran por contratar bonos subordinados obligatoriamente convertibles.
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