LA TRAGEDIA DE LOS PENSIONISTAS, EL EMBARGO

Uno de los golpes más brutales que puede recibir un jubilado es que le embarguen su principal fuente de ingresos, la pensión. A veces se realizan embargos ilegales y, los mayores se quedan sin medios para subsistir durante meses, es decir, hasta que los tribunales admiten que las medidas que se les impusieron eran absolutamente desproporcionadas.

EL EMBARGO DE LAS PENSIONES, UNA TRAGEDIA

pensionistaLas personas mayores no siempre tienen claro que las pensiones son embargables y que, cuando da la orden un juez, tanto las entidades financieras como los ayuntamientos o la tesorería de la Seguridad Social van a actuar y a descontarles o extraerles parte de sus ahorros de las cuentas corrientes y de cualquier ingreso que reciban de las administraciones públicas.

Uno de los papeles más controvertidos lo juegan las entidades financieras, puesto que la ley no las obliga a saber ni cotejar de dónde viene el dinero, se limitan a embargar la cantidad que les ha pedido el juez.

Por ello, a veces los pensionistas se encuentran con que los han embargado dos veces: por un lado, la Seguridad Social antes de abonar la pensión y el segundo, lo realiza el banco sobre el saldo de la cuenta corriente a la que va a parar esa pensión.

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embargoEste abuso no se podrá enmendar hasta que el tribunal o el secretario judicial rectifiquen el error, lo que se traduce en que el afectado tendrá que esperar entre tres y cuatro meses a partir de que denuncie la situación.

Durante este tiempo, el jubilado tendrá que acostumbrarse a unos ingresos y unos ahorros mermados y, en algunas ocasiones, hasta llegarán a bloquearle la cuenta.

En algunas ocasiones las entidades llegan a embargar ingresos que la ley considera inembargables.

La falta de responsabilidad de las entidades financieras y la descoordinación de las administraciones públicas pueden traducirse en embargos ilegales ante los que casi nadie exige una indemnización porque no es claro el derecho a la misma y, además deben incurrir en otros gastos judiciales.

El problema es que, si los que cometen un embargo ilegal no se ven obligados a resarcir a las víctimas, entonces contarán con menos incentivos para tomar todas las precauciones necesarias y acelerar sus decisiones para causar el menor daño posible.

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de la Redacción


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