Ha llegado el día del desahucio de Safira, a pesar de la oposición del Comité de la ONU. Este organismo tras recibir la denuncia, en septiembre solicitó al Gobierno español y al Juzgado de Instrucción número 1 de Guadalajara, una solución habitacional para Safira, quién sufre una discapacidad del 66% y una rara enfermedad cardiovascular. Si bien, al Juzgado le ha dado igual y, el lanzamiento está previsto para hoy.
LA ONU Y ANMISTÍA INTERNACIONAL TRATA DE PARALIZAR EL DESAHUCIO
Safira está muerta de miedo y se siente desamparada, pero está dispuesta a luchar por su vivienda.
El problema comenzó en el año 2014, cuando se vio constreñida a ocupar esta vivienda, que en su momento era de protección oficial, porque nadie la ayudaba. Dicha vivienda había sido adquirida por el banco Kutxabank, tras haber desalojado a una familia por impago de su hipoteca. Dicha vivienda llevaba 10 años vacía y se encontraba muy deteriorada. El banco tenía la obligación de ponerla en alquiler como vivienda protegida, si bien no lo hizo, impidiendo que Safira pudiera regularizar su situación como inquilina.
Cuando el inmueble perdió la condición de vivienda protegida en 2017, el banco denunció a Safira para provocar su desalojo y poder vender la vivienda a precio de mercado.
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Ella sólo pide que la dejen pagar un alquiler, a pesar de percibir sólo una pensión de 400 euros de la Seguridad Social, ya que lleva cuatro años viviendo en esa casa, la ha arreglado y, para ella es su hogar, pero el banco se niega, prefiere venderla y seguir especulando con el ladrillo, en vez de ayudar a que se garantice el derecho a una vivienda digna.
El banco insiste en que no se trata de un desahucio, sino de una okupación, porque ella no es propietaria y, que ya han paralizado en dos ocasiones el desahucio, para que tuviera tiempo de buscar una solución habitacional.
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de la Redacción
Tras ganar la batalla de las cláusulas suelo, los hipotecados libraron la guerra de los llamados "gastos hipotecarios", a fin de conocer si los consumidores podían recuperar el importe del impuesto devengado por la firma de la hipoteca. Inicialmente, el Tribunal Supremo estableció que el pago del impuesto de actos jurídicos documentados correspondía a los prestatarios, es decir, a los consumidores..jpg)
Así lo ha declarado la Sala Tercera del Supremo en una sentencia de 16 de octubre de 2018, que lo motiva en base a que el negocio inscribible es la hipoteca y que el único interesado en la elevación a escritura pública su posterior inscripción es el banco, ya que solo con esa inscripción podrá después ejecutar la hipoteca si, en su caso, se produjesen impagos. Es decir, se trata de un privilegio que la hipoteca le otorga al banco, por ese motivo el pago del mismo, debe recaer sobre el prestamista.
La hucha de las pensiones, conocida oficialmente como el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, tiene como función cubrir la falta de dinero para afrontar las prestaciones en momentos clave del año, como por ejemplo cuando se abonan las extraordinarias. Mientras no se utilizan, los fondos se invierten para obtener un rendimiento que permita aumentar su valor.
Dicen que no hay dinero, pero no hacen nada al respecto. No se trata de un hecho técnico sino de una estrategia política. 
