La ley hipotecaria, que se está tramitando a marchas forzadas para evitar la multa con la que amenaza Europa, incluirá una cláusula de retroactividad que puede desbloquear miles de desahucios en nuestro país.

CORREMOS EL RIESGO DE UN ALUVIÓN DE DESALOJOS

La polémica creada por nuestro Tribunal Supremo sobre quién debe pagar el impuesto de actos jurídicos documentados de las hipotecas no ha acabado. Aún deben ser publicadas las tres nuevas sentencias del Alto Tribunal, que deberán razonar porque son los clientes los obligados al pago del impuesto, en contra de lo decretado en las resoluciones del pasado mes de octubre. 

Esta disputa ha estado ocultando el verdadero motivo que hay detrás de la tramitación de la legislación hipotecaria. Con la misma, se busca equiparar los derechos de los ciudadanos en materia de hipotecas a los de los ciudadanos europeos. Nuestra legislación actual está dificultando la labor de los jueces, prueba de ello, son las propias sentencias del Tribunal de Justicia de la UE, que no han sido aplicadas correctamente en nuestro país.

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El Gobierno del Partido Popular en su momento fue incapaz de trasponer la directiva europea sobre los préstamos hipotecarios de 2014. Ahora se trata de evitar la multa con la que amenaza Europa de 105.000 euros al día y, aprobar de forma forzada la nueva ley hipotecaria.

Hace unos meses, ante el drama de los desahucios, cuatro magistrados y el propio tribunal Supremo preguntaban al TJUE qué hacer. En febrero de 2017, muchas audiencias decidían suspender miles de procedimientos de ejecución hipotecaria, hasta que obtuvieran una respuesta. Si dentro de unos meses el Tribunal europeo aplicara su propia jurisprudencia, se produciría un sobreseimiento masivo de estos expedientes de desahucio. Un alivio para los afectados y un revés para la banca.

El problema es que el proyecto de ley que se está tramitando, puede llegar a interferir en este proceso si incluyen una peligrosa disposición transitoria primera que prevé que su aplicación sea con efectos retroactivos (lo que no se ha acordado el impuesto hipotecario). 

La nueva ley elevará a 12 cuotas los impagos necesarios para poder solicitar la ejecución, lo que supondría decir adiós a la alegación más común de nuestros días, abusividad, lo que perjudicaría a los procedimientos en curso, porque ya no se decretaría su nulidad. Todo esto podría llegar a provocar un aluvión de desahucios.

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de la Redacción

La semana pasada, el Gobierno depositó el proyecto de ley de reforma del sistema de pensiones. La presente iniciativa,incorpora un incremento en la tasa de cotización obligatoria de 4 puntos porcentuales, novedades en relación con beneficios dirigidos hacia las mujeres y la clase media.

¿LA REFORMA DE LAS PENSIONES A QUIÉN AFECTA?

El proyecto de ley que reforma el sistema de pensiones depositado para su tramitación y discusión en el Congreso. Entre los principales detalles del texto, se propone incrementar la tasa de cotización obligatoria en 4 puntos, de manera gradual y anual en ocho oportunidades, comenzando el primer día del mes siguiente al de publicación de la ley.

En concreto, además del incremento que se pretende realizar que beneficiará aproximadamente a 1.500.000 personas que ya lo reciben, se suma un complemento a la pensión de las mujeres de clase media, que supondría aproximadamente un incremento medio del 27%.

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Además se prevé otro complemento, el "Aporte Adicional a la clase media", en este caso para mujeres que tengan al menos 16 años de cotizaciones y para hombres con un mínimo de 22 años cotizados, totalizando algo más de 2.600.000 personas favorecidas por este incremento a corto plazo.

Todo ello, sin contabilizar aquellos que podrían acogerse al “Aporte Adicional Esfuerzo” (AAE), que consiste, a grandes rasgos, de incrementos al AACM en un 50% por cada año que decidan aplazar en el tiempo su jubilación.

Se busca intentar finalizar el problema de las bajas pensiones a corto plazo. Sin embargo, a largo plazo, todavía se deben aumentar tanto las cotizaciones como el número de cotizantes.

Según los datos del INE, en el periodo de 2011-2017 ha habido 7.800.000 ocupados aproximadamente, si bien se reporta un promedio de sólo 5.000.000 cotizantes, es decir, sólo el 64% de los ocupados ha cotizado durante este periodo. 

Esto se debe modificar si se quiere mejorar el sistema y recibir más, por lo que se debe contribuir más y, deben contribuir todos, trabajadores dependientes e independientes. 

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de la Redacción

El abogado de la Empresa Municipal de Rivas Vaciamadrid, que ha revolucionado nuestro país y sobre todo ha puesto contra las cuerdas a la banca por el pago del impuesto de Actos Jurídicos y Documentados (AJD), ha decidido recurrir la decisión final del Tribunal Supremo.

AHORA DISCUTIRÁ LA RETROACTIVIDAD TOTAL DEL IMPUESTO DE LAS HIPOTECAS

El abogado que comenzó la batalla contra la banca, para aclarar quién debía abonar el Impuesto de AJD ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, la doctrina final del Tribunal Supremo y, además reclamará la responsabilidad patrimonial del Estado.

Ha explicado que su idea es recurrir ante el Tribunal Constitucional planteando un incidente de vulneración del principio de igualdad en cuanto a la aplicación de la norma. Entiende que existe la posibilidad de poder reclamar la responsabilidad patrimonial del Estado con efectos retroactivos.

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También pretende recurrir al Tribunal de Justicia de la UE, pero es mucho más complicado, ya que tendría que volver al juzgado de primera instancia, para solicitar una cuestión prejudicial a Luxemburgo durante el proceso. 

Casero ha manifestado que cuando la doctrina contiene errores, se deben corregir. Comenta que las tres sentencias de octubre son acertadas y, que el pronunciamiento que estipula que el pago de este impuesto es atribuible a los bancos, no es un pronunciamiento populista, sino acorde al derecho tributario español.  

Por otro lado, expertos en derecho administrativo entienden oportunista y precipitada la última decisión del Gobierno de modificar este impuesto, ante la inseguridad jurídica y dudas que se viven en nuestro país, fruto de la polémica generada por el Tribunal Supremo. Todo ello, porque al final los bancos van a terminar repercutiendo las cantidades a los ciudadanos. 

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de la Redacción