Revalorizar las pensiones, aprobar los nuevos Presupuestos Generales del Estado, o actualizar el salario mínimo son algunas de las diez decisiones que aún están el aire para el 2020 y, que un Gobierno en funciones no puede acometer al no tener plena capacidad legislativa y ejecutiva.

SIN GOBIERNO 10 RETOS ECONÓMICOS CONTINUARÁN EN EL AIRE

Si la investidura de Sánchez fracasa y se tuvieran que convocar elecciones generales en noviembre, el 2020 se abriría con un gobierno de gestión limitada y sin poder adoptar medidas que no fueran ordinarias, salvo en casos de urgente necesidad o interés general.

Nuestra Constitución prevé que un Ejecutivo en funciones no puede ni presentar proyectos de ley ni aprobar un proyecto de ley de Presupuestos, lo que provocaría comenzar el año sin un techo de gasto.

Otros puntos que quedarían en el aire con un Gobierno en funciones:

Las pensiones continuarían con el índice de revalorización del 0,25 % aprobado por el Ejecutivo del PP.

La falta de Presupuestos supondría la vigencia por tercer año consecutivo de las cuentas de 2018.

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No se podría subir el salario mínimo interprofesional a medio millón de trabajadores, ya que esta actualización se contempla en los Presupuestos Generales o se aprueba con un real decreto ley.

También quedaría paralizada la subida del sueldo de los empleados públicos.

Por otro lado, el préstamo que concede el Estado a la Seguridad Social comenzaría el año congelado, lo que aumentaría las posibilidades de tener que utilizar una mayor cuantía del fondo de reserva para hacer frente a las dobles pagas de las pensiones, la de verano y la de Navidad.

Además no se podrán trasponer las 18 directivas europeas previstas por la Unión Europea, lo que puede provocar nuevas denuncias de la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Tampoco se podrían proponer los relevos de altos cargos de organismos supervisores como la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), cuyo presidente, José María Marín Quemada, termina su mandato en septiembre de este año, junto con el de otros 4 consejeros.

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de la Redacción

La Sexta Sección de la Audiencia de Pontevedra, con sede en Vigo, ha declarado la nulidad de un préstamo hipotecario que una familia contrataron en el 2014 con la entidad financiera Finiber Soluciones SL.

DECLARAN NULAS TAMBIÉN LAS HIPOTECAS USURERAS

La Audiencia ha considerado que el crédito concedido con un interés del 14,9% es usurario, al exceder la media del mercado hipotecario y, aplica la ley de represión de la usura del año 1908 para para decretar la nulidad del mismo.

Por su parte, la sala también revoca la sentencia que dictó en el 2017 el juzgado de Primera Instancia de Vigo, el cuál sólo declaró nulas varias cláusulas y obligo a la entidad financiera a devolver 212 euros por las comisiones cobradas de más y 147 euros por los intereses de demora, así como parte de los gastos de registro y notaría.

Los afectados decidieron recurrir en apelación la sentencia, ya que la misma no daba respuesta a muchas de las cuestiones planteadas en su demanda, entre ellas, demandaban la nulidad de la cláusula que regulaba el interés por ser usurera y reclamaban también el pago del impuesto de actos jurídicos documentados.

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Recuerda la sala que un contrato será nulo si estipula un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado y, entiende que el cliente acepta dichas condiciones es a causa de una situación angustiosa, por la inexperiencia o por la falta de conocimientos.

En el presente caso, dice la Audiencia, se pactó un interés del 14,95 %. La entidad alegó que los créditos al consumo estaban al 9,38% en el 2014 pero la sala le replica que esto es un préstamo hipotecario y en esa fecha las operaciones a diez años se 

situaban en torno al 4,9%, por lo que resuelve que el interés pactado en la escritura es notablemente superior al normal del dinero y, anula el contrato.

Esta es la historia de Dorina Moisó, una de las muchas víctimas de nuestro sistema. Ella, su marido, su cuñado con una discapacidad del 75%, su hija de 2 años y su suegro tenían una orden de desahucio para el pasado lunes 22 de julio.

UN BEBE CONSIGUE FRENAR SU DESAHUCIO

Con la puerta tapiada para evitar que la comisión judicial les sacase de su vivienda, se presentaban el lunes Dorina Moisó y su familia. Además, la plataforma Stop desahucios logró reunir 80 personas en la puerta de la vivienda a fin de que la comisión judicial no pudiese entrar a desalojarles.

Pocos minutos después, la asistencia social apareció para notificar que el desalojo se paralizaba por segunda vez dada la situación de especial vulnerabilidad de la familia con un adulto con discapacidad y una menor de dos años a su cargo.

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Explica ella que llevan 4 años viviendo en esa casa, que se encuentra en una de las barriadas más pobres de Palma. Un conocido magrebí se la entregó a cambio de 2.000 euros, totalmente destrozada, según la versión de Dorina Moisó. El trato era arreglarla e ingresarle 300 euros de alquiler. Según la familia, la otra parte del trato desapareció una vez recibidos los 2.000 euros y no volvió a aparecer nunca más. Quien sí hizo acto de presencia  fue el banco, reclamando la devolución de la vivienda, siempre según la versión de la familia.

La familia explica que ha intentado negociar con el banco en innumerables ocasiones, a fin de que les dejen la casa a cambio de un alquiler social. El BBVA por su parte, se niega a negociar un alquiler social, por lo que aunque la familia está dispuesta a pagar no sirve de nada.

Se lamentan de su situacion economica ya que la mayor parte de los ingresos proceden de la pensión por discapacidad del su cuñado y de la renta social. Por su parte, su marido se busca la vida vendiendo chatarra y, que nadie le da la oportunidad de trabajar. A pesar de ello, se encuentran al día con los recibos de agua y está dispuesta a pagar los de la luz cuando el banco la deje.

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de la Redacción