Hace poco más de un año, el Consejo General del Poder Judicial aprobó un plan de urgencia para hacer frente a la avalancha de demandas de cláusulas suelo, por el que se especializaban un total de 54 juzgados de Primera Instancia para conocer, de manera exclusiva y no excluyente este tipo de asuntos.
EL FRACASO DE LOS JUZGADOS ESPECIALIZADOS EN CLÁUSULAS SUELO
Este plan se realizó de forma rápida y desordenada, lo que ha supuesto, lo que ha creado que casi todo este tipo de juzgados se encuentren saturados y sin espacio para el propio papeleo.
El hecho de centralizar todas las reclamaciones bancarias en un solo juzgado, ha ralentizado la tramitación y resolución de esos procesos, generando grandes retrasos, que supondrá que los afectados tardarán años en obtener la sentencia que les consentirá recuperar su dinero.
Desde su inauguración, este tipo de juzgados especiales sobre cláusulas suelo han recibido 247.000 demandas y han dictado más de 23.000 sentencias, de las cuales casi el 98% ha sido a favor de los afectados.
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Estos juzgados estimaron casi el total de las demandas presentadas en 2017. Si bien, no en todos los casos, por ejemplo, las demandas de hipotecas multidivisas de hace un año, ni siquiera han sido admitidas a trámite, ya que han decidido dar prioridad a las demandas de gastos de hipotecas cuya resolución es más ágil.
En definitiva, que todas las reclamaciones de cláusulas suelo y gastos bancarios acaben en el mismo juzgado, ha generado el colapso absoluto de este tipo de juzgados, y han sido incapaces de asumir tal sobrecarga de trabajo.
Los profesionales encargados están aburridos de solicitar al Ministerio de Justicia los medios suficientes para evitar su colapso total y, para tratar de visibilizar su situación, habiendo incluso organizado huelgas para intentar frenar esta situación.
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de la Redacción
El gasto en pensiones crece a un ritmo anual del 4,86%, el mayor desde el año 2010, después de aplicarse la revalorización del 1,6% incluida en los presupuestos. Es más, el incremento desborda las previsiones presupuestarias. 
Mientras la normativa en vigor, estableció la edad legal de jubilación en 65 años y 6 meses en 2018, salvo para las carreras laborales que superen los 36 años y 6 meses, la realidad es que, según los datos de la Seguridad Social, la edad media de retiro laboral se ha mantenido en 64,2 años, como el pasado ejercicio.
El matrimonio sólo disponía de un único ingreso de poco más de 300 euros correspondiente a una pensión no contributiva de la mujer y, con la misma debían hacer frente a un alquiler de 500 euros. El Juzgado de Primaria Instancia número 3 de Oviedo ejecutó el desalojo el pasado martes, después de que la pareja acumulase varios meses sin pagar.
Según un convenio aprobado en marzo pasado por el Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno del Principado y la Federación Asturiana de Concejos, cuando los juzgados reciben demandas por impago de hipotecas lo primero que deben evaluar es si la familia se encuentra en situación de vulnerabilidad y, si así fuese, deberán facilitarles la información acerca de los recursos de asistencia social disponibles y, comunicar el caso a los servicios sociales municipales para que puedan adoptar las medidas oportunas de tal modo que se garanticen sus derechos sociales.
