Una familia gaditana, con tres hijos estudiantes, atraviesa una situación económica llena de baches. Los tres hijos, dos de ellos menores de edad, cuando heredaron, ya han recibido tres notificaciones de embargo, en la que Hacienda les reclama más de un millón de euros en total.
TRES NIÑOS A PUNTO DE UN EMBARGO MILLONARIO
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Estos jóvenes estudiantes se enfrentan a una pesadilla para su presente y futuro, a causa de aceptar la herencia de dos tías abuelas solteras que fallecieron con pocos meses de diferencia.
De momento, tienen embargado su futuro, es decir, cualquier ingreso que tengan será embargado, una auténtica condena de por vida, sin haber hecho nada.
Su único delito, ha sido hecho es heredar. Los herederos aceptaron la herencia, pero formalmente nunca la llegaron a recibir, ya que los inmuebles siguen inscritos a nombre de sus tías abuelas. Además, si quieren venderlos, necesitarían el permiso de la agencia tributaria, que ha embargado sus derechos hereditarios.
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La rebaja del impuesto promovida por el gobierno andaluz no les vales, porque al ser parientes de cuarto grado, no pueden acogerse a ninguna bonificación en la liquidación del tributo.
El problema es que la Junta de Andalucía cifro el valor de los bienes muy por encima de su verdadero valor, en 2.990.000 euros, lo que elevó desmesuradamente el impuesto a pagar. Y con los derechos hereditarios aún menos, es decir, si Hacienda los sacara a subasta pública, los adjudicaran o no, no se cubriría la deuda que tienen los hermanos, es decir, seguirían debiendo dinero, sin haber recibido ningún bien a cambio.
La Constitución Española promueve “la protección jurídica, económica y social de la familia” y estipula que el sistema tributario “en ningún caso tendrá alcance confiscatorio”, es decir, lo que se embarga debería ser proporcional a lo que se debe. En este caso, es absolutamente desproporcional, por ello, el abogado de la familia ya ha anunciado que plantearan una dación en pago.
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de la Redacción
Los jubilados se han cansado de esperar y han depositado sus exigencias para el sistema público de pensiones, que solicita que se vuelva a vincular por ley la revalorización de las pensiones al menos con la inflacción.
Por otro lado, también han requerido que sea derogue definitivamente el factor sostenibilidad, las medidas efectivas para finalizar con la brecha de género, la realización de una auditoría social de las cuentas de la Seguridad Social y proporcionar a este sistema los recursos necesarios para asegurar el sistema público de pensiones.
Rosi, mujer, madre y soltera, decidió abandonar junto con sus hijos la casa en la que vivía, antes de abusar de la confianza de su casero, un hombre honrado y, decidió mudarse a una casa semiabandonada, propiedad de la Junta de Extremadura.
Sin la ayuda de sus vecinos, reconoce que habría sido imposible soportar la presión que ejerce la Administración sobre ella. Las cartas del juzgado no paran de llegar y, ya son ocho los recursos que ha tenido que presentar con la ayuda de su abogado, desde que se mudó.
