El discurso de investidura de Pedro Sánchez se centra en las propuestas ya contenidas en su programa, así ha asegurado que, si logra el respaldo para ser de nuevo jefe del Ejecutivo, se abordará un pacto de rentas con los agentes sociales para mejorar los sueldos y, subir el salario mínimo (SMI) hasta el 60% del salario medio a lo largo de la legislatura.

LAS PROMESAS DEL NUEVO GOBIERNO

En la actualidad el SMI se encuentra en los 12.600 euros al año tras el incremento del 22% que fue aprobado hace unos meses. La idea es que el salario mínimo se eleve a 1.000 euros por 14 pagas.

Por otro lado, el Presidente en funciones ha asegurado que se impulsará de nuevo impulso el Pacto de Toledo para acabar con el 0,25% de revalorización de las pensiones y, al mismo tiempo asegura su sostenibilidad, cerrando el déficit de la Seguridad Social en 5 años.

Además, su voluntad es la de elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores que "blinde derechos y regule las nuevas relaciones laborales", adaptándola a los nuevos tiempos tecnológicos y garantizar que el indefinido sea la principal forma de contratación, a fin de poner punto y final a la precariedad laboral.

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También ha insistido en otros temas recurrentes como una nueva fiscalidad verde; un estatuto del trabajador becario; que los autónomos paguen según sus ingresos; la racionalización de los horarios laborales; la reordenación y simplificación de la protección del desempleo para que ofrezca una mayor cobertura; la reconfiguración de las bonificaciones a la contratación para que se concentre en colectivos desfavorecidos; la ley de igualdad de género en el empleo; unos 330 millones para que los ayuntamientos amplíen la educación de 0 a 3 años; un ingreso mínimo vital ligado a la pobreza infantil; la compensación de costes energéticos a la industria que cree empleo y sea energéticamente eficiente, y llegar al 2% del PIB de inversión en I+D.

Además, quiere incrementar el gasto en educación, al mismo tiempo que reduce el déficit público en cinco décimas hasta el 2% del PIB.

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de la Redacción

El 25 de noviembre de 2015, el pleno del Tribunal Supremo condenó a una entidad financiera a devolver lo cobrado de más a un cliente por un préstamo al consumo con un tipo de interés del 24,6% por entender que era usurero.

ANULAN LAS TARJETAS REVOLVING

El fallo del Tribunal Supremo en contra del Banco Sygma Hispania, en un recurso de casación presentado por el propio banco, en el que lo condenaba a devolver lo cobrado de más a un cliente por un préstamo al consumo con un tipo de interés del 24,6%, ha abierto las puertas a otras muchas demandas.

El tribunal estimo que el préstamo era usurero, en virtud de la ley Azcárate, de represión de la usura de 1908, ya que el interés era notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado en relación con las circunstancias del caso.

A pesar de que la sentencia había sido consecuencia de un recurso presentado por la financiera, fue un fallo, que abrió las puertas a que los propios clientes pudieran discutir los intereses desorbitados que le aplicaba su entidad financiera.

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Este tipo de tarjetas, cobra al usuario intereses a través de una cuota fija con la que resulta imposible llegar a devolver el capital porque los intereses del crédito suelen superar de largo la cuota fijada.

Continúa existiendo controversia en que hay que tener en cuenta para determinar si hay usura o no. El Tribunal Supremo entiende que para determinar si hay usura, la comparación del tipo de interés del crédito en cuestión debe establecerse con el tipo de interés medio de los préstamos de consumo. Sin embargo, algunos tribunales defienden que la comparación debe establecerse con el mismo tipo de interés de los créditos revolving.

El Banco de España ha diferenciado, a petición de la industria, entre crédito al consumo y tarjetas de crédito, en las que el tipo de interés suele estar en torno al 24%.

La clave no es tanto el tipo de interés, sino la falta de transparencia que se produce en cómo se explica el mecanismo de amortización de la tarjeta y que provoca una deuda de la que el cliente no es consciente.

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de la Redacción

Varias empresas utilizan los registros de morosos, para presionar y amenazar a las personas mayores incluso cuando éstos pueden demostrar que no tienen ninguna deuda con nadie.

PENSIONISTAS AMENAZADOS CON SER INCLUIDOS EN FICHEROS DE MOROSOS

Lamentablemente, muchas empresas supuestamente “acreedoras” utilizan las amenazas, con incluirlos o directamente los inscriban sin avisarles, a fin de que experimenten la incómoda vida de un moroso y, terminen pagando.

De esta manera saben que nadie les financiará, ni una compra a plazos de un coche o un electrodoméstico ni les otorgará un préstamo o un crédito, por lo que tendrán que pedirlos a entidades privadas con intereses y comisiones más altos. los plazos de una compra en un concesionario o en una gran superficie y los préstamos y los créditos o se encarecerán o tendrán que pedirlos en bancos y entidades privadas.

La mayoría de estas entidades se pueden agrupar en tres grandes grupos: los bancos, las compañías de telecomunicaciones y las energéticas. Las dos últimas generalmente inscriben en este tipo de ficheros, por deudas prácticamente insignificantes.

El problema es que si la empresa que accede a la información, no tiene contratado el acceso a la cantidad exacta de cada deuda, sólo sabrán el que no paga una persona. En consecuencia, o se lo pensarán dos veces antes de financiarla o le cobrarán algo más por el riesgo que asumen.

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¿Por qué los mayores son las mayores víctimas de estas amenazas?

Los pensionistas son la parte de la población más débil, no quieren problemas y, las empresas saben que no les van denunciar por una deuda de 100 euros y que el daño que provoca la inserción en un registro de morosos es importante tanto para el honor como para el acceso a financiación.

Por este motivo, aunque no estén de acuerdo con la factura o les pidan que abonen un servicio que nunca contrataron, probablemente pagarán si los amenazan con inscribirlos en un fichero de morosos como el de Asnef, o si les ofrecen sacarlos y olvidarse del problema. Pensarán que solo en abogados, y en los tribunales, van a perder mucho más que 100 euros. Incluso si ganan y obligan a las empresas a pagarles el abogado, nadie les va a ahorrar los meses del proceso, por eso mismo, en la mayoría de las ocasiones terminan pagando.

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de la Redacción